#AHÍVIENE Terrorismo fiscal y Ley Bonilla aguardan en la Corte

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inicia el 2020 con dos temas cruciales por resolver: la Ley Antifactureras y la Ley Bonilla.

La ley Antifactureras, conocida como “terrorismo fiscal”, fue avalada en el Congreso de la Unión el año pasado por la mayoría de Morena.

Dicha ley equipara el fraude fiscal como delincuencia organizada y como una amenaza contra la seguridad nacional; es decir, todo aquel a quien el gobierno acuse de burlar al fisco, o contratar algún bien o servicio a una empresa que esté bajo sospecha fiscal, será encarcelado, se le podrán confiscar sus bienes que durante el juicio podrán ser subastados aún sin haber sentencia de por medio.

Esta fue impugnada con una controversia constitucional ante la SCJN por partidos, senadores de oposición y por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); mientras, la dirigencia de Coparmex presentó un escrito de opinión jurídica ante el máximo órgano judicial conocido como Amicus Curiae.

La otra es la Ley Bonilla, que se refiere a la reforma que hizo el Congreso de Baja California a la Constitución local para ampliar de 2 a 5 años el periodo de gobierno del morenista Jaime Bonilla. 

Esta modificación provocó que partidos de oposición y el anterior Gobierno estatal, encabezado por Francisco de la Vega, interpusieran controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad al considerar que la reforma contravenía la Constitución mexicana. 

Para anular alguna de estas leyes, son necesarios, al menos, 8 de los 11 votos del pleno de la Corte.  

Del total de ministros, tres iniciaron funciones en el último año y fueron propuestos por el Presidente Andrés Manuel López Obrador: Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa y Margarita Ríos Farjat; mientras, el ministro presidente Arturo Zaldívar ha mostrado cercanía con el mandatario federal. 

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Los ministros han expresado su compromiso por la autonomía e independencia de la institución. 

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