Pilar Sánchez

Anunciaron con bombo y platillo que, por indulto del presidente, presos sin sentencia, enfermos, víctimas de tortura y mayores de edad serían liberados. Alrededor había preguntas sobre el proceso de liberación, la reinserción y el número de beneficiados. 

Apremiados por el Presidente, el 14 de septiembre presentaron los primeros resultados: 681 presos pre liberados, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación. Pero un detallito, hasta el momento hay 4 mil 233 expedientes que están siendo estudiados para determinar la libertad de estas personas. Es decir, apenas el 16% de los casos identificados. 

En México hay 220 mil 866 personas privadas de la libertad. Comparado con este universo, tan solo el 1.9% de los presos están siendo evaluados. Por otro lado, hay más de 94 mil presos sin sentencia, el 42.5% del total. 

El decreto presidencial fue una medida para acelerar la despresurización de las cárceles, ya que la Ley de Amnistía, aprobada en abril de 2020, demostró ser insuficiente en los hechos. 

Se han recibido 938 solicitudes de amnistía hasta junio de 2021, de las cuáles sólo han sido consideradas como procedentes 38 de ellas, a su vez, de éstas, sólo 17 han sido aprobadas por un juez federal. Esto significa que solo el 1.8% de los internos que presentó su caso ha sido beneficiado con la amnistía. 

De acuerdo con especialistas, el decreto sigue el mismo camino insuficiente y sin soluciones de fondo de la ley de Amnistía. Por otra parte, tampoco incluye un plan de reinserción para los excarcelados. 

“Este decreto no es más que la reiteración de lo que ya se encontraba en la ley. Con el plus de incentivar a que una autoridad administrativa y los sistemas penitenciarios tengan la posibilidad de proactivamente identificar casos y comunicarlos a las defensorías y a los poderes judiciales», señaló Viridiana Valgañón, de Equis Justicia para las Mujeres. 

Te recomendamos leer esto:  Abusan de adjudicación directa

«Debería incluirse un mecanismo para exhortar a diversas autoridades administrativas a trabajar para facilitar la vuelta de estas personas a sus vidas en el exterior”, mencionó Nayomi Aoyama, coordinadora del programa de Sistema Penitenciario y Reinserción Social de la organización Documenta. 

Esta papa caliente y apresurada, está en manos del recién estrenado Secretario de Gobernación, que a escasas tres semanas de llegar al puesto, debe continuar y llevar a buen puerto la labor comenzada por la hoy senadora Olga Sánchez Cordero. 

#UNDETALLITO