Pilar Sanchez

El pasado 13 de abril, los senadores aprobaron la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, con lo que la ciudadanía está obligada a entregar sus datos biométricos al gobierno y a empresas de telefonía. Esto con el pretexto de combatir la delincuencia.

Para tal fin, los senadores legislaron que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) instale, opere, regule y mantenga el padrón de usuarios con cargo a su presupuesto. El IFT ha señalado que requiere 109 millones de pesos para su creación, 88 millones cada año posterior y la contratación de 150 funcionarios, lo que equivale a 150 millones de pesos. 

Los legisladores no aumentaron el presupuesto del IFT, el cual asciende a 1,510 millones de pesos. Esta falta de presupuesto señalan expertos, puede traducirse en inseguridad para la ciudadanía. 

Pero un detallito 

Pero eso sí, los senadores se protegen con cargo al erario público. En 2020, contrataron el servicio Gobist por 69 millones 600 mil pesos, para realizar un análisis de vulnerabilidad cibernética. 

En ese mismo año firmó, firmó dos contratos con la empresa Millenium Technologies por el monto de 5 millones 289 mil 600 pesos y por 19 millones 498 mil 550 pesos. Estos contratos son para “servicios de ciberseguridad gestionada” y por los sistemas Emas, Argos, Tritón, Hera y Carmen.

En total, los tres contratos suman 94 millones 388 mil 150 pesos para resguardar la ciberseguridad de las y los senadores, mientras 122 millones de usuarios de telefonía móvíl tendrán que entregar sus datos a un instituto que no cuenta con recursos para garantizar su seguridad. 

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