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ACUERDO NACIONAL CON CIUDADANÍA

Es muy importante la participación activa de la ciudadanía frente a los quehaceres gubernamentales para así impulsar una agenda pública nacional, concuerdan expertos en foro virtual organizado por Coparmex en alianza con Acción Ciudadana Frente a la Pobreza y Oxfam México.

La presidenta de Oxfam México, Mariclaire Acosta Urquidi externó que se debe dejar de pensar que el gobierno va a resolver los problemas y va a hacer los planteamientos, ya que los que tenemos que hacerlos y organizarnos para articularnos alrededor de nuestras demandas e intereses son los ciudadanos, para después buscar incidir en el gobierno.

El economista Enrique Cárdenas comentó que se debe de tomar el rumbo en nuestras manos, para lo que toca hacer y al mismo tiempo exigir a quienes les ha tocado para que cumplan con su labor.

Mario Amparo Casar investigadora del CIDE, dijo que somos una sociedad muy renuente a participar en política y si no se participa en ella difícilmente se va a tener un acuerdo nacional.

En el cuarto panel perteneciente al foro Juntos Saldremos Adelante se plantearon tres ejes: el primero es el hacer exigible los derechos, mismo que incluye trabajo, empleo, salud, no exclusión; el segundo es el económico- social del que se desglosan la pobreza, la desigualdad y el pacto fiscal; en el político en el cual está el pacto federal y la reforma del gobierno.

Por lo que la diputada federal Martha Tagle dijo que se necesita mucha más ciudadanía que pueblo, lo que implicaba que más ciudadanos estén ejerciendo plenamente sus derechos, así como que la violencia y la inseguridad son la gran amenaza para el ejercicio de estos.

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Mauricio Merino investigador del CIDE propuso que la pobreza no sea resulta temporalmente con un ingreso de emergencia; que se revise a fondo el modelo económico a partir de la generación de empleos, aunado a que México tiene que se audaz para la reconversión de la economíaDe los cuatro paneles se desprendieron diversas conclusiones como: hay desigualdad de oportunidades, la necesidad de reformas al mercado laboral, protección de empresas, la posibilidad de un contagio financiero, la creación de un estado de bienestar, la necesidad de una reforma fiscal y la incapacidad de poder garantizar los derechos fundamentales.

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