Por Yared de la Rosa

En los dos primeros años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el Congreso de la Unión reformó 36 artículos de la Constitución, lo que es casi una tercera parte de la Carta Magna.

Algunas reformas generaron controversia, como la de desaparecer 109 fideicomisos para que el gobierno se quedara con una bolsa de 68 mil millones de pesos.

También la Ley de Amnistía, con la que se pretende liberar de la cárcel a 6 mil personas que cometieron delitos no graves, como robo simple, aborto, delitos contra la salud o ser primo delincuentes.

También modificaron el artículo 4 de la Constitución para que quedaran establecidos los programas prioritarios del Presidente: pensión para adultos mayores, becas para estudiantes y apoyos para personas con discapacidad.

Los legisladores avalaron la creación de la extinción de dominio, la cual procederá sobre bienes de particulares, cuya legítima procedencia no pueda acreditarse. 

En materia de seguridad, crearon la Guardia Nacional, misma que inició el año pasado con mandos militares y elementos de seguridad pública.

En educación, eliminaron la reforma educativa de la pasada administración, con lo que desapareció el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE).

El Presidente ha presumido que las reformas, producto de la mayoría de Morena, pueden ser consideradas una nueva Constitución.

Será coincidencia, pero López Obrador va al mismo paso de cambios que hizo en Venezuela Hugo Chávez al inicio de su gobierno, quien también tenía el control del Congreso.

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