Por Gretel González

Durante su gestión López Obrador ha atacado a los que generan la riqueza del país, aplicando leyes catalogadas como terrorismo fiscal, equiparando los delitos con delincuencia organizada y calificados como atento a la seguridad nacional.

A partir de 2021 se castigará con cárcel y sin derecho a fianza a la subcontratación de personal, la que se perseguirá como delincuencia organizada, aunado a que no se le permitirá a la empresa deducir impuestos, habrá sanciones de más de 4.3 millones de pesos por outsourcing y se castigará con 150 mil de pesos a las empresas que no entreguen información para la contratación del trabajador.

Pese a que el propio gobierno federal ha extendido contratos entre 2019 y 2020 por 5 mil millones de pesos, en el Banco del Bienestar destinó para este propósito 8732 millones de pesos, a Selgamex 760 millones de pesos; a Hacienda 670 millones de pesos, Cenegas 448 millones de pesos, Conavi 310 millones de pesos y a la SEP 268 millones de pesos. 

El Congreso aprobó la ley por la cual se castigará el uso de facturas fantasmas, la cual vulnera principios de presunción de inocencia, será equiparable con delincuencia organizada y considerado como amenaza contra la seguridad nacional, tendrá prisión preventiva oficiosa, habrá confiscación y subasta de bienes durante el juicio sin sentencia y si resulta inocente la persona inculpada se le devolverá el dinero producto de la venta de estos.

La misma dosis aplicarán cuando exista la sospecha de defraudación fiscal de algún contribuyente, tendrán prisión oficiosa y los bienes podrán ser vendidos durante el juicio.

Se endureció la ley de extinción de dominio, con lo cual se pueden subastar los bienes, sin haber culpable y sin que el juicio haya culminado, en caso de resultar inocentes se les dará el importe de la venta, aunado a que se le descontarán los gastos de administración.

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Aunado a que le dieron facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera podrá bloquear cuentas bancarias sin orden judicial, se aplicará extinción de dominio, el banco avisa al afectado, no la autoridad judicial a cualquier persona sospechosa de realizar operaciones ilícitas.

En México se vulnera principios de presunción de inocencia, porque si se sospecha de alguna empresa primero se criminaliza y después se investiga, de esa manera tratan a quienes generan la riqueza del país.

#EsNETA?