Por Yared de la Rosa

La llamada Cuarta Transformación tiene un gobierno de 10, pero de por lo menos 10 funcionarios de primer nivel cuestionados en su patrimonio, por contratos a modo o por malos manejo del presupuesto público. En contraste, el Presidente Andrés Manuel López Obrador arremete y amenaza a quienes denuncian hechos de corrupción.

La secretaría de Energía, Rocío Nahle; el titular del Instituto Mexico de Seguridad Social (IMSS), Zoé Robledo, y, el exdelegado de Jalisco, Carlos Lomelí, fueron acusados de irregularidades en la entrega de contratos.

Alejandro Esquer, integrante de Morena; Jesús Ramírez, vocero del Presidente; Ana Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, fueron de contratar empresas fantasma. Hasta el momento no ha habido sanciones.

El titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett; la secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, fueron señalados de ocultar sus bienes inmuebles de su declaración patrimonial.

La expresidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky; y el extitular de Protección Civil,, David León, fueron señalados de actos de corrupción.

Mientras los miembros del gabinete son exonerados, el Presidente amenaza con investigar a una organización que se ha dedicado durante años a investigar casos de corrupción

“Hay que revisar si es legal, porque no ingresa ese dinero al presupuesto público, si no tienen autorización para entregarlo a esta asociación. Y debe haber otras. Entonces, sí vamos a hacer una revisión y aquí vamos a aclarar sobre lo que están aportando (Mexicanos contra la corrupción)”, dijo el mandatario el pasado 9 de noviembre.

Esta organización ha realizado investigaciones como la Estafa Maestra, que ganó un premio internacional, pero López Obrador defiende a sus cuestionados y ataca a quienes descubren que en su gobierno no hay tanta honestidad valiente.

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