Ismael García

El Presidente Andrés Manuel López Obrador quiere sacar todas sus ocurrencias de obras a como dé lugar… aunque eso implique burlar la ley

Y como le incomodan los contrapesos y los cuestionamientos, ordena que todo proyecto suyo debe ser autorizado por todas las dependencias del gobierno a su cargo

El lunes 22 de noviembre publicó un Decreto en el Diario Oficial de la federación en el que declara que todas las obras serán consideradas de interés público y de “Seguridad Nacional”.

Y enlista las relacionadas con comunicaciones y vías férreas, telecomunicaciones, aduanas, puertos y aeropuertos, medio ambiente, turismo, salud y energéticas.

La orden está dirigida a todas las dependencias de la Administración Pública Federal, quienes deberán emitir autorizaciones, dictámenes, permisos y licencias.

Y además, lo tienen qué hacer rapidito. En un plazo máximo de 5 días hábiles. Si no contesta, se considerará “resuelta en sentido positivo”

La imposición de este decreto desde Palacio Nacional, desató cuestionamientos de expertos en estado de derecho, transparencia y combate a la corrupción.

Alertan que se pretende imponer la voluntad del Presidente, sin importar que se viole la Constitución.

“Pretende colocar la voluntad del Ejecutivo sobre lo que establecen las leyes. Desobedece de manera burda y descarada su obligación de respetar la Constitución, tratados internacionales y los derechos humanos”, considera Gerardo Carrasco, litigante experto en anticorrupción.

«Este decreto del Presidente es evidentemente inconstitucional», publicó en Twitter José Ramón Cossío, Ministro de la Corte en retiro.

Además, el decreto se califica como ataque al estado de derecho y que vulnera toda práctica de Transparencia.

“El asalto al Estado de Derecho y la intención de esconder la corrupción y el abuso de poder están claros y son abiertos”, refiere Max Kaiser, experto en combate a la corrupción

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«Pasa por encima de la transparencia (…) todo lo que tiene que ver con recursos públicos, debe de ser público; entonces no puede ser algo que se decide arbitrariamente», afirma Jacqueline Peschard, expresidenta del INAI.

El decreto se emite en un contexto en que el Ejército tiene cada vez más obra pública a su cargo, como el Aeropuerto de Santa Lucía, las sucursales del Banco del Bienestar, tramos del Tren Maya, reconversión de hospitales, administración de puertos y aduanas, entre otros.

Situación que prende alertas para el sistema democrático del país

«Nos acaban de dar un golpe de Estado. El decretazo presidencial implica rendición del poder civil ante el poder militar. Y será un gobierno más opaco, más discrecional, menos democrático», refiere Denisse Dreser, politóloga.

La sociedad exige transparencia, legalidad y estado de Derecho; el Presidente pretende todo el poder en sus manos a base de decretos.

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