El gobierno de la 4T y su mayoría legislativa en el congreso y en el senado cerrarán el año cargándole la mano a la IP.

En plena crisis económica agravada por la pandemia, sin estímulos ni apoyos a las empresas, hubo una persecución fiscal sin precedentes y además apretaron las tuercas a las empresas y negocios con reformas a la legislación. 

Hace unos días el gobierno impuso de manera unilateral y sin el respaldo del sector patronal un aumento del 15% al salario mínimo y no cumplió su compromiso para apoyar y absorber el impacto financiero para las empresas.

También esta misma semana se publicó el nuevo decreto para la reforma de las Afores que aumentará el monto de pensión, pero obligará a los patrones a subir gradualmente las cuotas que aportan para el retiro.

Además el pasado 9 de diciembre, los diputados aprobaron una ley para que los patrones paguen computadoras, internet y la luz de sus empleados por realizar «home office».

También el gobierno vía fiscal exprimió a las empresas. De enero a octubre, el SAT recuperó más de 52 mil millones de pesos del cobro de adeudos fiscales, un 36 por ciento más que el año pasado.

Estas presiones, se suman a otras amenazas como la reforma al Código Fiscal de la Federación para castigar con cárcel a quienes incurran en defraudación fiscal calificada al evadir el pago de ISR, IVA y cuotas del IMSS e ISSSTE en esquemas de outsourcing.

Esta ley se congeló ante las presiones de los empresarios, pero AMLO y sus legisladores advirtieron que será discutida y aprobada los primeros meses del 2021.

Y por si fuera poco este ambiente adverso contra los empresarios, se suma la salida de su principal negociador ante el Gobierno federal. El pasado 2 de diciembre renunció Alfonso Romo como jefe de la Oficina de la Presidencia y además AMLO ordenó el cierre de esa área estratégica.

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