La entrada en vigor del acuerdo sobre obras y proyectos considerados de interés público y seguridad nacional, trae consigo importantes consecuencias que ponen en riesgo el cumplimiento de derechos humanos y principios jurídicos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales, ambientales y de derechos humanos suscritos por México, sostiene Avi S. Borges.

La asesora política y creadora de contenido digital relata expone 5 razones por las que considera que este exceso del Presidente López Obrador debe ser derogado.

UNO. La declaración de seguridad nacional no exime del cumplimiento de principios constitucionales y de derechos humanos, tal como lo establece el artículo cuarto de la ley de seguridad nacional.

DOS. Las autoridades están obligadas, según lo establece el artículo primero de la Constitución a cumplir con el régimen de derechos humanos, por tal motivo, el acuerdo carece de motivación y fundamentación adecuada, pues no existe facultad constitucional ni jurídica, expresa o implícita, que permita al titular del ejecutivo federal generar un estado de excepción al cumplimiento de los derechos humanos y al marco legal constitucional.

TRES. La aplicación de dicho acuerdo implica ignorar procedimientos, instrumentos y derechos previamente establecidos en el orden jurídico mexicano.

CUATRO. El acuerdo violenta y contraviene el acuerdo nacional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe

CINCO. El acuerdo es una violación al derecho humano a un medio ambiente sano, ya que trasgrede los principios de no regresión, prevención, precaución y justicia intrageneracional, pues al ignorar los procedimientos y al obligar al otorgamiento de los permisos, licencias y dictámenes, se omite la valoración de los impactos y daños ambientales que pueden generar las obras, sin establecer las medidas de reparación y mitigación adecuadas.

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“Lo anterior exhibe la inconstitucionalidad e ilegalidad del acuerdo, pues no es sólo para agilizar trámites y no se detengan las obras como se nos dijo en la mañanera del 23 de noviembre, sino es una extralimitación más presidencial”, afirma.

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