En 2004 se inició el proceso de desafuero para Andrés López en el que se le demostró que no acató la instrucción de juicio de amparo para la construcción de una carretera.

Su defensa, como siempre, se valió de los improperios y crímenes de otros; comentó que a él lo enjuiciarían por construir una carretera cuando había otros impunes por cosas mayores, pero jamás negó haber desacatado la ley.

Los motivos de López no son la cuestión, dudo mucho que sean todo lo puros que quiere hacer creer, pero por hoy no entraré en polémica, el problema más serio está en su proceder.

Según él, la ley no debe interferir con la justicia, el problema es que es él quien quiere decidir unilateralmente sobre qué es justo y qué no lo es.

El Estado mexicano se rige por leyes que están plasmadas en la Constitución, hay maneras correctas e incorrectas de hacer las cosas y el primero que debe acatar la ley es quien juró protegerla.

Durante este fin de semana en la comarca lagunera Andrés lanzó de nuevo consignas contra los jueces que, de acuerdo con la ley, refuerzan los amparos en contra de sus autocráticas decisiones, así como lo hizo con la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles.

El problema que tiene López con la ley es que también aplica para él y siempre ha creído que, al ser Presidente, su poder sería absoluto.

Sus ataques a las instituciones autónomas y el golpeteo constante a sus adversarios políticos tienen sus raíces en la libertad para ejercer lo que él considera como prioridad.

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¿Podemos considerar que hacer un acto masivo en el Zócalo era prioridad dentro de una pandemia y la todavía creciente tercera ola?

Es inverosímil que invente una fecha para promover el culto a su persona y decida hacerlo de manera presencial sin importar los contagios que puedan devenir.

Es cierto que la gente podría haber no asistido, pero la responsabilidad de la convocatoria sigue en él.

¿Cuánto más tardaremos en entender que los mexicanos no estamos en la lista de prioridades de este gobierno?

Así como Andrés no tuvo interés de llevar el proceso legal adecuado correspondiente al terreno sobre el que quería construir en 2004, hoy tampoco está interesado en la repercusión de sus actos populares.

El colmo de esta indolencia está en el discurso, en el cual sigue exhortando a que la gente salga y “corra riesgos” de acuerdo con sus designios.

Lamentablemente, para este momento es imposible confiar en las acciones del mandatario, es capaz de acabar con la ecología por un berrinche como el Tren Maya, así como al usar carbón y combustóleo.

Es capaz de ordenar el regreso a clases de millones de niños sin importar los crecientes contagios.

Tal como Andrés minimizó su crimen en 2004, así quiere crear las condiciones para un regreso a clase y priorizar su imagen como redentor de los pueblos indígenas sin importar quién termine pagando el precio.

¿Es ese desdén por la ley y la gente lo que merecemos los mexicanos?

#OPINAenDICES