El periodista David Brondo señala que los acontecimientos de violencia que sacuden al país confirman la ausencia de una estrategia de seguridad del estado mexicano para combatir a la delincuencia y proteger a la población. 

“Durante el primer trimestre de este año, se han registrado casi 50 masacres que han dejado más de 300 personas muertas. Ciudades de Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Chihuahua y Estado de México, entre otras entidades, viven realidades semejantes a escenarios de guerra”, agrega. 

Cambian presidentes, gobernadores, alcaldes, secretarios de la defensa y mandón policiacos y no pasa nada, el crimen se mantiene inmutable. La brutalidad de la violencia en Tamaulipas, donde el crimen ejecuta inocentes, revela una realidad inquietante: las fuerzas armadas están rebasadas. 

A pesar de la integración de la Guardia Nacional y del creciente militarismo impulsado por López Obrador, el crimen se sigue expandiendo y la violencia salvaje crece. Se paga el costo de no tener una estrategia de seguridad y de no apostar por una policía federal profesional y capacitada y por corporaciones estatales confiables, dice el también consultor. 

Se paga también el costo de no tener una mejor inteligencia nacional. La cuarta transformación confía en que las fuerzas armadas arreglen todo. Esa estrategia no funcionó con Calderón ni con Peña Nieto y tampoco prosperará con López Obrador.

Lo terrible del drama es la insensibilidad oficial. En la realidad pataleta que habita el presidente, ya se acabaron las masacres, hay gobernabilidad y el país está en paz. Quiza por eso sus prioridades sean cultivar su popularidad, embestir a sus críticos y predicar el advenimiento de un nuevo régimen. 

Cuando la seguridad se contamina con los intereses políticos, no hay manera de articular esfuerzos contra una delincuencia con una capacidad impresionante de movilidad y fuego. Si se idealiza una política que antepone abrazos, no balazos frente al crimen, es imposible definir una estrategia nacional de seguridad. Por desgracia, en Tamaulipas, en Zacatecas y en todo el país se paga con vidas humanas el costo de la omisión  y de la negligencia, concluye.

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