Obligar a la población a entregar sus datos biométricos para un padrón de usuarios de teléfonos celulares tiene varios riesgos que podrían causar daños irreversibles, considera Elena Estavillo.

La directora del Centro-i para la Sociedad del Futuro comenta que con la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones para crear un registro de usuarios de telefonía móvil, ahora la población está obligada a registrar sus datos personales y biométricos para poder tener servicios de telefonía e internet móvil.

“Esto no es nuevo, hace 10 años se intentó hacer lo mismo y fue un fracaso rotundo, nuestros datos terminaron vendiéndose al mejor postor”, recuerda.

La también excomisionada del IFT reflexiona que, además, si el teléfono se llegara a usar para cometer un delito, el propietario quedaría rentre los primeros sospechosos, violentando el principio elemental de la presunción de inocencia.

“Este registro atenta con nuestro derecho de acceso al internet y agrandará la brecha digital”, refiere.

“Condicionar nuestro acceso al internet de esta manera nos condenará a una desigualdad estructural de conectados y desconectados”.

Estavillo agrega que excluir a las personas del acceso a internet móvil significa alejarlos de la posibilidad de ejercer derechos fundamentales como la salud, la educación, el trabajo o la libertad de expresión a cambio de una simple apariencia en el combate a la delincuencia.

El registro de usuarios móviles, afirma, avizora más desigualdad, más injusticia y más derroche.

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