Sharenii Guzmán

A un mes del desplome de una trabe y dos trenes de la Línea 12, que dejó un saldo de 26 personas fallecidas y 98 lesionadas, no ha habido responsables ni renuncias de funcionarios. 

Tampoco se puso en marcha el tramo subterráneo, que va de Atlalilco a Mixcoac, y que el gobierno prometió se abriría la semana pasada, finales de mayo. De esa manera disminuiría la afectación a las 400 mil personas que se transportaban diario antes del colapso. 

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum informó que la semana del 7 al 12 de junio concluirá la revisión por parte del Instituto Mexicano del Transporte, tanto de la parte subterránea como elevada, para determinar la apertura de un tramo. 

“Se está esperando que a principios de la próxima semana ya poder tener un dictamen y poder informar a la población”, expresó.  

No se ha creado una Comisión Investigadora. En la Cámara de Diputados, la mayoría encabezada por Morena, rechazó la creación de un órgano legislativo que analizara los niveles de responsabilidad desde que se proyectó la Línea 12 hasta la fecha. 

Debido a la lentitud de los procesos, familiares de víctimas del desplome denunciaron al Gobierno de la Ciudad de México.  La respuesta oficial fue otorgar 153 becas a los menores de las personas afectadas o lesionadas.

Apenas el gobierno de la CDMX retiró por completo los escombros y estructura colapsada de la Línea 12 que quedó entre las estaciones Tezonco y Olivos. Por fin quedó limpia la zona y se reabrió el tránsito de la avenida Tláhuac, la cual estuvo cerrada desde el accidente. 

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Para paliar la afectación se habilitó una línea emergente del Metrobús que brinda servicio gratuito de la estación Atlalilco a la terminal Tláhuac.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió desde el 3 de mayo una investigación  para fincar responsabilidades. La fiscal, Ernestina Godoy estimó que los primeros resultados periciales estarían en seis semanas y ya pasaron cuatro. 

Para un peritaje externo que ayude a definir las causas del accidente, el gobierno capitalino contrató por 20 millones de pesos a la empresa noruega DNV-GL, experta en accidentes petroleros. 

Hasta el momento la compañía ha realizado la revisión documental de 48 documentos como el proyecto ejecutivo, estudios de suelo, dictámenes, planos, reportes de fallas. También tomaron las muestras de concreto de las columnas y trabes que quedaron del desplome. 

De acuerdo con lo informado por Sheinbaum Pardo, la empresa entregaría un informe técnico a las cinco semanas y en dos meses, que podrían extenderse a tres, el dictamen de las causas.