Exministros, juristas y expertos en Derecho Constitucional cuestionan la legalidad de la consulta que promueve el Presidente Andrés Manuel López Obrador para enjuiciar a cinco expresidentes: Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

El ministro en retiro José Ramón Cossío calificó la consulta como populista y sostuvo que si hay sospechas de que un exmandatario federal cometió un delito, que se inicie una investigación o que se presente la denuncia.

“La intencionalidad de la consulta tiene un carácter exclusivamente político y netamente populista, así como también graves problemas constitucionales”, escribió el abogado en una columna en El País.

El jurista y político Diego Valadés señaló que la consulta carece de fundamento jurídico; además de que es inconstitucional.

“La Constitución no permite que la investigación y persecución de delitos quede sujeta a una decisión plebiscitaria. Si no se investigan los presuntos hechos delictivos, se incurre en delitos contra la administración de justicia”, escribió en su cuenta de Twitter el abogado constitucionalista.

El jurista Miguel Carbonell sostuvo que la pregunta para enjuiciar a los presidentes no es solo inconstitucional, sino es abstracta y nada clara, y aseguró que la aplicación de la ley penal no debe estar sometida a la voluntad popular.

“(La pregunta para la consulta) es inviable desde el punto de vista jurídico y debe ser declarada inconstitucional por la Suprema Corte”, dijo en su columna política el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en El Universal.

El profesor en derecho constitucional Francisco Burgoa sostuvo que la pregunta que se planteará es inconstitucional y estaría vulnerando la presunción de inocencia de los exmandatarios federales

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“No es constitucional (…) No es que defendamos a los expresidentes. Esta no es la vía para iniciar un procedimiento o investigación, para eso está la FGR” dijo el académico en una entrevista en MVS.

El exconsejero presidente del antes Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde, señaló que organizar una segunda elección dos meses después de los comicios federales en 2021, tendría un costo de cientos de millones de pesos a cargo del presupuesto del INE.

“Someter a consulta si se debe juzgar a una persona es afectar el derecho a la presunción de inocencia y violentar el debido proceso”, escribió el también director General de Integralia en sus redes sociales.

El pasado 15 de septiembre, el Senado envió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la solicitud de López Obrador para realizar la consulta popular que enjuicia a cinco expresidentes.

Según la Ley Federal de Consulta Popular, el máximo órgano judicial del país tiene hasta el 5 de octubre para responder si la pregunta es constitucional. Si la aprueba, la regresa al Senado y después pasa a la Cámara de Diputados; en ambos recintos legislativos deben pasar por mayoría simple.

De ser aprobadas en las dos cámaras, el Instituto Nacional Electoral deberá realizar la consulta.

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