Por Gretel González

Derivado de un proceso de reestructuración de unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Secretaría de Salud, mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de agosto de 2020, la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), junto con 12 áreas más pasaron a manos del subsecretario de prevención y promoción de la salud, Hugo López-Gatell, desde ahí tratamientos para Covid-19 han tenido atorones burocráticos. 

En lo que respecta al antiviral remdesivir, medicamento para tratar a pacientes con Covid-19, en dos ocasiones la Cofepris le negó el registro sanitario, mientras que Estados Unidos lo autorizó el 22 de octubre.

Un día después de la autorización de Estados Unidos, el subsecretario de prevención y promoción de la salud en conferencia vespertina dijo: “Se le ha dado un dictamen no favorable porque los comités de Cofepris han identificado que la evidencia no sugiere una utilidad suficiente”. 

Por su parte, la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos otorgó la aprobación del uso del antiviral producido por la farmacéutica de Gilead Sciences, ya que ya permitidos períodos de recuperación más cortos en algunos casos graves de Covid-19.

En junio por falta de autorización por parte de Cofepris el fármaco tocilizumab, utilizado como medicamento auxiliar en la atención de pacientes graves con Covid-19 quedo varado en las aduanas de ingreso al país. 

Para el 11 de junio López-Gatell aseveró que: “No existe el nivel de evidencia científica (…) para considerar al Tocilizumab como un estándar de tratamiento para Covid-19”.

El medicamento elaborado por el laboratorio suizo Roche, utilizado para las personas con artritis reumatoide, es aplicado a pacientes que por efectos del coronavirus presentan inflamación y acumulación de líquido en los pulmones.

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De acuerdo con El Universal hay quienes refieren que López-Gatell pretende atrasar el acceso de la vacuna contra el Covid-19 al país hasta la segunda mitad del 2021, así como de presionar a través de la Cofepris para conocer documentos oficiales de los laboratorios que las desarrollan.  

En marzo, según una investigación de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad el gobierno administró medicamento oncológico que no contaba con el registro sanitario de la Cofepris, bajo el argumento de que el metotrexato y vincristina tenían las aprobaciones de sus homólogos en Europa y Estados Unidos. 

El país ya casi alcanza los 100 mil muertos por Covid y el subsecretario Gatell continúa obstaculizando todos los procesos que están a su alcance.

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