Académicos y activistas alertaron que desde el Gobierno federal hay carencia de información, pues no explican los contratos que realizan para la adquisición de bienes y servicios para atender la emergencia sanitaria, por lo que los mexicanos no saben qué se compra, cuándo se compra y a quienes se compra.

En el Foro El Derecho a la información en México frente al #COVID19, Fabiola Navarro, coordinadora del Observatorio contra la Corrupción y la Impunidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dijo que desde el Gobierno federal no existe un portal en donde haya datos sobre las compras que se realizan, los precios, los elementos de estas adquisiciones y hasta las medidas que toman. 

“Es necesario actualizar la Ley de Adquisiciones (…) Se vive permanentemente en el ámbito de la excepción”, dijo Fabiola Navarro al participar en este foro realizado por diputados del Partido Acción Nacional (PAN).

Sobre el tipo de contratos, Max Kaiser, presidente de la Comisión Anticorrupción de Coparmex, comentó que el Gobierno federal ha hecho de las adjudicaciones directas una regla y uno una excepción como se marca en la Ley de Adquisiciones para la contratación de bienes y servicios.

“Se está utilizando la emergencia (sanitaria) para acabar de normalizar el uso de las excepciones como si fuera la regla general (…) El Gobierno actual ha asignado más de 80 por ciento de los contratos vía adjudicación directa y simulando procesos de invitación a cuando menos tres proveedores. Esto genera enorme y permanentes riesgos de corrupción, que pueden extenderse a todos las áreas del gobierno (…) No se puede permitir cualquier compra se meta en el pretexto de la pandemia”.

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Mientras, la presidenta Ejecutiva de Mexicanos contra la Corrupción, María Amparo Casar, sostuvo que en el primer año de gobierno de López Obrador se realizaron más adjudicaciones directas que en el mismo lapso del mandato de Enrique Peña Nieto. 

“Muchos discursos anticorrupción y pocas medidas para aumentar la transparencia (…) La corrupción no se acaba por decreto”, dijo la también académica del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas (CIDE)

Comentó que en 2019, primer año de gobierno de López Obrador, no se realizó un censo, que se venía haciendo años anteriores sobre el número de enfermeros que hay en el país, de camilleros, entre otros, por lo que dijo que no se cuenta con la información mínima indispensable para que desde el sector salud se toman decisiones.

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