ARTURO ESPINOSA

Puebla sufre de debilidad institucional.  Según el “Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021” de World Justice Project, el sector público encabezado por Miguel Barbosa ocupa el penúltimo lugar pues sus instituciones no tienen un buen desempeño.

Puebla carece de límites al poder gubernamental, corrupción, no existe un gobierno abierto en materia de información, no garantiza los derechos fundamentales, tiene seguridad cuestionada, incumple con la normatividad y regulaciones, y su justicia civil y penal es endeble.

En la escala del 0 al 1, el sector público poblano tiene calificaciones de 0.29 a 0.38. El último lugar en la lista es Quintana Roo.

“(Un total de) 10 estados permanecieron sin cambios en sus promedios (Chiapas, Ciudad de México, Colima, Durango, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo León y Puebla)”, consigna el análisis aplicado en todo el país.

No es el único estudio que mantiene a Puebla como uno de los estados peores evaluados. Un estudio de la organización México-Evalúa destaca que la entidad, junto con Tamaulipas, Tabasco, Guanajuato y Oaxaca, carecen de datos precisos y veraces sobre el número de homicidios que se cometen año a año.

Los problemas detectados son falta de capacitación al momento de la sistematización de los datos, capacidades limitadas de investigación, hasta falsificación de datos o intención deliberada de modificarlos.

La debilidad institucional ha sido reconocida por el mismo Gobernador de Puebla desde 2019.

“En muchas regiones del estado existe una debilidad institucional, la necesidad de fortalecer la presencia gubernamental e institucional de los tres órdenes de gobierno”, dijo el 11 de agosto de 2019 en el municipio de Tepexco, donde días antes se lincharon a siete personas.

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Ya pasaron tres años más y todo se mantiene igual.

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