Verónica Ayala

En Baja California, el Gobierno de Jaime Bonilla ha dejado mucho que desear, pues lejos de resolver las problemáticas del Estado incumplió con sus promesas en seguridad y economía y ha afectado a empresas e instituciones.

En el rubro de seguridad, en tan sólo un año de disparó la violencia, aumentando delitos como los homicidios dolosos, los secuestros y los feminicidios. 

En los primeros 4 meses del 2021 fueron asesinadas más de mil personas, el 62 por ciento de ellas en Tijuana, considerada entre las ciudades más violentas del País y del mundo. Y crecieron los asesinatos en la mayoría de los principales municipios en comparación con el mismo periodo del año pasado.

En lo económico, aunque prometió no endeudar más a la entidad, en abril pasado el Congreso local le aprobó una deuda por 3 mil millones pesos, que se pagarán por 20 años, sin que hasta la fecha se conozca a qué obras se destinarán estos recursos, comprometiendo los recursos de futuros gobiernos. 

Además, el año pasado emprendió una fuerte campaña contra las empresas que supuestamente tenían adeudos millonarios con la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), con lo que se limpiarían los ríos Tijuana y Alamar, cosa que hasta ahora no se ha visto reflejada. 

En un hecho sin precedentes, el pasado mes de abril Bonilla emitió un decreto para iniciar la expropiación del Club Campestre de Tijuana, un club privado de golf de 80 hectáreas, para ponerlo al servicio de la comunidad. ¿Su argumento? Supuestos adeudos en impuestos de los propietarios. Y hasta la Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, manifestó su rechazo.

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En plena crisis del Covid-19, en abril del 2020 ordenó suspender actividades a la empresa estadounidense Smiths Medical, dedicada a la fabricación de partes de respiradores mecánicos, ante la negativa a venderlos a la población. Llegando después a un acuerdo para apoyar con ventiladores al Estado y seguir operando.

Y por si fuera poco, alegando que no habían apoyado en la pandemia, en enero pasado dejó de incluir la opción de donar a la Cruz Roja en trámites vehiculares y catastrales, pese a que de marzo a diciembre del 2020 dieron casi 4 mil servicios de traslado de pacientes en ambulancia.

Y en lo político, le pegaron otros temas como la Ley Bonilla, con la que buscaba extender su mandato de 2 a 5 años, la aprobación de la reforma que permite buscar la reelección a cargos locales sin separarse del cargo, y hasta la polémica consulta para la cancelación de una planta cervecera.

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