Verónica Ayala

Hoy las elecciones son organizadas y reguladas por un árbitro autónomo y ciudadano, pero no siempre ha existido el Instituto Nacional Electoral como lo conocemos ahora. 

Antes de su creación, y hasta la década de los ochenta, el Gobierno organizaba las elecciones, a través de la Comisión Federal Electoral, que dependía de la Secretaría de Gobernación. 

Al final de esa década se dio el fraude del 88, que fue la última elección a su cargo, donde tras fallas en el sistema de conteo de votos dieron por ganador al priista Carlos Salinas de Gortari, cuando previamente aventajaba Cuauhtémoc Cárdenas. 

Luego de la polémica elección presidencial, iniciaron los trabajos para constituir el Instituto Federal Electoral (IFE), que inició operaciones en octubre de 1990, tras un acuerdo político que derivó en reformas del Congreso para su creación.

Durante esa década se aprobaron diversas reformas para darle atribuciones al IFE, instituir la figura de los consejeros ciudadanos y dotarlo de mayor autonomía e independencia. 

Una década después, en el 2007, se reformó de nuevo la legislación electoral, dándole 53 nuevas y mayores atribuciones al organismo electoral para realizar y ampliar su función. Con la reforma constitucional del 2014 se constituyó el INE como una autoridad electoral de carácter nacional, que además de organizar los procesos federales se coordina con los organismos locales para los comicios en los estados.
Y adoptó con ello una serie de nuevas funciones, adicionales a las que ya cumplía, como en materia de organización de las elecciones de dirigentes de los partidos a petición de las organizaciones, y en materia de fiscalización de los recursos de los partidos a nivel federal y local en el transcurso de las campañas, entre otros.
Y ahora el INE enfrenta un nuevo reto con la elección más grande de la historia y con su existencia en riesgo.

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