Por Gretel González

Los jóvenes de entre 18 a 28 años son el principal sector de la población con mayor presencia bajo el esquema de subcontratación ya que representan el 42.25 por ciento, los de 29 a 38 son el 37.17  por ciento , los de 39 a 48 años son el 16.99 por ciento , los de 49 a 60 son el 7.79 por ciento y los de 60 en adelante son el 0.80 por ciento. 

Bajo esa figura los jóvenes cuentan con diversos beneficios como poder elegir el horario laboral y combinarlo con sus estudios, trabajar a distancia, por proyecto, empatarlo con otra actividad, entre otros. 

Del total de personal contratado vía outsourcing, el 62.36 por ciento son hombres y el 37.64 por ciento son mujeres. 

El outsourcing es una figura que brinda servicio a las empresas para contratación de personal a través de un tercero, ofreciendo empleo formal, reclutamiento en menor tiempo, prestaciones de ley, flexibilidad en el horario, reducción de gasto en operaciones, entre otras cosas. 

El 28 de septiembre de 2012 se legalizó en México la subcontratación de personal, con lo que se realizaron 665 modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, entre las cuales derivan que se define la figura de outsourcing, se establece que el contrato debe ser por escrito, los trabajadores tienen que estar bajo el régimen de seguridad social y se crean las modalidades de contratación de prueba, capacitación inicial y trabajo temporal. 

De aprobarse la iniciativa presentada por López Obrador se perderían empleos formales, competitividad, habría menor recaudación de impuestos, así como reducirían las aportaciones por trabajador al Seguro Social, aunado a que habría afectaciones en los gastos de las empresas. 

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Tan solo del gobierno federal, de acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad  alrededor de 28 mil 800 servidores públicos perderían su empleo, y eso sin contar a los empleados por la inversión privada. ¿El presidente habrá contemplado eso? 

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