Truenan Bonilla y AMLO

La relación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Jaime Bonilla está fracturada y hay varios hechos que dan cuenta de la ruptura en la relación de ambos políticos que en el pasado hasta compartían la mesa y juegos de beisbol.

El conflicto más reciente fue a principios de julio, cuando el mandatario estatal canceló el cobro de la caseta Tijuana-Playas de Rosario para que los automovilistas que circularan por la zona ya no pagaran, lo cual había sido promesa de campaña de Bonilla.

Sin embargo, días después la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), encabezada por Javier Jiménez Espriú, declaró ilícita la cancelación, pues aseguró que la medida viola la Constitución al invadir competencias del Ejecutivo Federal. 

Por ello, la Guardia Nacional llegó a la caseta para restablecer el cobro del peaje, lo cual derivó en que Bonilla solicitara a AMLO que cesara al titular de la SCT, a quien calificó como una persona “non grata” en Baja California.

Otro acontecimiento fue cuando con ayuda de los diputados locales se modificó la ley para intentarse quedar 3 años más en la gubernatura. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la reforma y la echo para atrás. Los magistrados aseguraron que esta modificación alteraba el orden democrático.

La atención a la pandemia es otro asunto donde ha habido diferencias marcadas entre el gobernador y la federación. Desde abril, Bonilla ha asegurado en varias ocasiones que son erróneas las estadísticas que presenta la Secretaria de Salud a nivel federal sobre los muertos por COVID-19.

“Ya es mucha información que yo considero está desviada. El problema que tengo es que soy muy mal pensado y pienso que hay una razón mezquina en todo eso”, declaró el 17 de abril.

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Un asunto más de conflicto es la cancelación de una planta industrial en Mexicali. En enero pasado Bonilla respaldó la instalación de la cervecera Constellation Brands.

Dos meses después López Obrador anunció que se realizaría una consulta ciudadana para decidir si se autorizaba o no operar.

En la consulta popular celebrada el 23 de marzo participó apenas el 4 por ciento de la población, la mayoría rechazó el proyecto, por lo cual el gobierno federal determinó que no se permitiría la apertura del complejo.

De esta forma, de ser muy cercanos colaboradores en la oposición, ahora en el poder López Obrador y Bonilla tronaron… y quienes pagan los platos rotos son los ciudadanos de Baja California.

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