Por Verónica Ayala

En sus primeros dos años como Presidente, Andrés Manuel López Obrador está lejos de encabezar el Gobierno que prometió.

La violencia sigue, la corrupción no ha desaparecido, y la pandemia vino a descarrilar la economía y provocar un aumento en el número de pobres.

En el primer tercio del sexenio, la crisis y el Covid-19 han impactado en la actividad económica, lo que se ve reflejado en una baja en el Producto Interno Bruto.

En lo que va de este año, más de 11 millones de personas se han sumado a la pobreza laboral, lo que significa que no cuentan con ingresos de trabajo suficientes para cubrir la canasta alimentaria básica. Y, de acuerdo con el Coneval, la pandemia dejará a 10 millones más en pobreza extrema.  

En términos de empleo la situación no pinta mejor. La tasa de desocupación creció 1.4 puntos porcentuales en el tercer trimestre del año, respecto al mismo periodo de 2019, al pasar de 3.7 a 5.1, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi.

El deficiente manejo de la pandemia del Covid-19, que suma ya 1 millón 113 mil casos confirmados y 105 mil 940 fallecidos reportados hasta el 30 de noviembre, ubican a México en el quinto lugar mundial de muertes y, según datos de Amnistía Internacional, en el primer lugar en decesos de personal médico, con mil 744.

Lejos de disminuir, los asesinatos han ido en aumento y este año se perfila para ser el más violento. Mientras que los homicidios han crecido un 13 por ciento en comparación con los dos últimos años de Gobierno del ex Presidente Enrique Peña Nieto, los feminicidios se han disparado 19.5 por ciento respecto al mismo periodo.

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En lo que va de la actual Administración, han sido asesinados 38 periodistas, 19 de ellos durante este año, el más violento de la última década. Y México ha sido calificado por Reporteros Sin Fronteras como el país sin guerra más peligroso para ejercer el periodismo.

López Obrador también ha arremetido contra los organismos autónomos y reguladores, a quienes ha cuestionado, ha recortado su presupuesto y ha impuesto a integrantes afines, como la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), así como el INE, el INAI, el Coneval y la Cofece.

Aunque la principal bandera de su Gobierno es el combate a la corrupción, algunos de sus funcionarios se han visto envueltos en irregularidades y han sido exonerados. Entre los señalados se encuentra Manuel Bartlett, titular de la CFE; Ana Guevara, de Conade; Rocío Nahle, de la Secretaría de Energía; Zoé Robledo, del IMSS; David León, ex titular de Protección Civil; y hasta Irma E. Sandoval, secretaria de la Función Pública.

En el Gobierno de AMLO, las licitaciones están lejos de ser más públicas y abiertas, pues se han incrementado las adjudicaciones directas. De acuerdo con datos del IMCO, 4 de cada 10 pesos en compras públicas fueron asignados de manera directa en 2019.

Y, por si fuera poco, en medio de este primer tercio del sexenio lleno de turbulencias y altibajos, nueve integrantes del Gabinete decidieron renunciar por diferencias con el proyecto que encabeza. 

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