Sharenii Guzmán

La desigualdad y discriminación de las mujeres es una realidad en México que el gobierno de la 4T, que se dice feminista, niega y no atiende. 

A pesar de que las mujeres son la mitad de la población, pues representan el 51.2%, es decir 64 millones 540 mil 634, su calidad de vida está acotada por factores económico, político, cultural y social.

De acuerdo con el estudio “Ser Mujer en México” de la organización civil “Signos Vitales”, la brecha salarial se agudiza en contextos de pobreza. En 2008 las mujeres recibían en promedio 67 pesos, mientras que los hombres 100. Diez años después, en 2018 las trabajadores percibían 73 pesos. 

Durante 2020 la participación laboral de la mujer registró el 42.4% un retroceso de 10 años. En 2019 el trabajo doméstico no remunerado fue equivalente al 22.8 % del PIB. Sin embargo las mujeres no recibieron ningún pago. 

En el ámbito de la seguridad, la violencia contra las mujeres es otro indicador que muestra desigualdades. 

“Alrededor del 66.1% de las mujeres de 15 años o más han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, lo que equivale a que casi 31 millones de mujeres hayan sido agredidas de alguna manera”, indica el estudio.

La vulnerabilidad, desigualdad y discriminación incrementan cuando se trata de una mujer indígena que no puede acceder a servicios de salud, con nulo acceso a la justicia y con pocas oportunidades educativas. Solo una de cada diez niñas indígenas termina la escuela secundaria.

Uno de los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU es edificar un mundo igualitario. Pero muchos gobiernos, incluyendo el de México, la agenda de las mujeres no es su prioridad. 

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Este es un pendiente de justicia que el gobierno no le pone interés.

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