Por Yared de la Rosa

Con el trillado argumento de que hay corrupción, el Presidente Andrés Manuel López Obrador eliminó programas, fideicomisos y fondos sin indagar ni presentar una sola denuncia o prueba. Ahora va contra el outsourcing, mecanismo útil  para el sector empresarial y hasta del gobierno.

Así lo hizo en 2019 al desaparecer 23 programas sociales, como el de Estancias Infantiles, Atención a Mujeres Víctimas, Comedores Comunitarios, Fomento Ganadero y Empleo Temporal.

Después lo hizo con los 109 fideicomisos, a los que consideró, sin pruebas, que se usaban para actos de corrupción. Por ello, los legisladores de Morena aprobaron eliminar estos fondos que representan más de 68 mil millones de pesos.

Ahora, el gobierno de López Obrador quiere eliminar el outsourcing. “Voy a enviar una iniciativa de ley para que ese mecanismo desaparezca. O sea, va a ser otro tema polémico, lo adelanto, como los fideicomisos, pero tenemos que limpiar,no podemos ser cómplices de corrupción, encubridores”, dijo el presidente el pasado 27 de octubre.

El outsourcing es un esquema que permite a una empresa tener personal contratado a través de otra compañía. Este servicio, que además está regulado por ley, ha permitido dar empleo a más de 4 millones de personas y en los últimos 5 años creció 37 por ciento.

Sin embargo, el propio gobierno federal es quien recurre a este esquema de contratación para varias secretarías y áreas. Según una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en los últimos dos años, el gobierno entregó 5 mil millones de pesos a empresas dedicadas al outsourcing.

Las áreas del gobierno que entregaron contratos fueron al Banco del Bienestar, con 872 millones de pesos; Seguridad Alimentaria Mexicana, 760 millones de pesos; Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 670 millones de pesos; Centro Nacional de Control del Gas Natural, 448 millones de pesos.

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En el Congreso de la Unión hay 31 iniciativas, pero la mayoría de ellas van sobre regular la subcontratación y no desaparecerlo.

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